Artículo del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardá:
Mañana, martes, el pleno del Congreso de Diputados debía decidir si
aprobaba el proyecto de ley de ERC que debía sustituir, en caso de
aprobarse, la ley de la memoria histórica de Rodríguez Zapatero de 2007
para dar paso a una ley que hiciera justicia, de verdad, a las víctimas
del franquismo. Una argucia del Gobierno, al considerar que el debate
podía suponer un incremento presupuestario, nos ha obligado a aplazarlo
un par de meses. No importa! Igualmente no podrán evitarlo. Tanto el PP
como el PSOE, mal que les pese, deberán encarar la demanda y cometerán
un gran error si siguen creyendo que pueden fortalecerse los valores
democráticos en las nuevas generaciones sin hacer prevalecer la verdad y
la justicia. Al contrario, contribuirán a relativizar en beneficio de
la banalización de las ideas racistas, fascistas, totalitarias ... y su
expansión.
Vale la pena
recordar de dónde venimos y dónde estamos. En 2004 votamos la
investidura de ZP porque se comprometió también a legislar para
reparar a las víctimas. Pero en 2007, hecha la llamada ley de la memoria
histórica, a diferencia de IU e ICV, que la avalaron, los republicanos
tuvimos que votar en contra. Y lo pagamos con el escarnio de aquellos
que querían hacer creer a la ciudadanía que éramos tan extremistas en
nuestras reclamaciones que habíamos terminado coincidiendo con el PP en
el no a la ley. ¡No importa! Éramos conscientes del riesgo de decir no en
la medida que un sí unánime contribuía a hacer creer que todas las
fuerzas políticas antifranquistas habían actuado del mismo modo que en
las sociedades democráticas que también habían tenido la desgracia de
sufrir pasados dictatoriales.
El tiempo nos ha dado la razón y la legislación española no ha sido
capaz de homologar a la del resto de estados en cuanto a la asunción de
la doctrina de las Naciones Unidas con respecto a los crímenes contra la
humanidad y al reconocimiento del derecho inalienable a la verdad y del
deber de recordar, por lo que esta anomalía es conocida
internacionalmente como el "modelo español de impunidad". Una impunidad
construida a partir de la cerrazón por parte de los partidos políticos
que protagonizaron la Transición para blindar la preconstitucional Ley de
Amnistía de 1977, a través de la cual los verdugos perdonaron a las
víctimas. Una ley de punto final que contradice la propia Constitución
española aprobada en 1978, que incorpora el sometimiento de la
legislación a los principios de los derechos humanos.
El meollo de la cuestión radica en el hecho de que España siempre se ha negado a
calificar la represión franquista como crimen contra la humanidad y a
reconocer jurídicamente a todas las víctimas. En consecuencia, las
personas represaliadas y sus descendientes han permanecido indefensos
ante los tribunales, lo que explica que se haya tenido que recurrir a la
administración de justicia argentina.
Del mismo modo, a diferencia de
otros estados como el alemán, que en tiempos de Helmut Kohl anuló las
sentencias de los tribunales nazis, las emitidas por los tribunales
franquistas no pueden ser anuladas porque los tribunales son
considerados legales para ley y, en consecuencia, también sus
sentencias.
Por otra
parte, la ley garantiza que no se resarcirán los patrimonios expoliados,
por lo que no se devuelven los bienes expoliados a personas físicas y
jurídicas, ni se reparan los perjuicios a las personas cautivas (trabajo
esclavo de decenas de miles de presos) que permitieron grandes
beneficios económicos en el Estado y empresas que hoy en día cotizan en Bolsa. Compare, una vez más, esta realidad con la que han tenido que
pagar empresas alemanas de renombre.
La anomalía española es dolorosa porque en todo el mundo sí se ha avanzado
en la reparación de las víctimas. Incluso en Sudáfrica o en alguna
república americana en la que no fue posible la condena penal de los
responsables de los crímenes contra la humanidad, se crearon comisiones
de la verdad y la reconciliación para hacer prevalecer la verdad de los
hechos.
El caso español
es, sin embargo, un erial en cuanto a los derechos de las víctimas:
desde la no asunción de responsabilidades en la muerte de miles de
republicanos en los campos nazis hasta la consideración de bandoleros
aplicada a los maquis, pasando por el no reconocimiento de las víctimas
fallecidas a manos de funcionarios y grupos fascistas durante la
Transición, la inhibición con respecto a la localización y exhumación de
las fosas comunes, la no apertura de archivos o el mantenimiento de
honores, títulos y símbolos otorgados por la dictadura. Además de un
largo etcétera de oprobios y, evidentemente, la negativa rotunda de Juan
Carlos I a pedir perdón a las víctimas en nombre del Estado años atrás,
y ahora por parte de su sucesor.
Nos honra que nuestra sociedad haya mantenido constantemente la
denuncia del modelo español de impunidad. No ha sido inútil. Al
contrario, es el que nos permitirá garantizar que un proceso
constituyente catalán conlleve la exigencia de incorporar en el texto
constitucional del nuevo estado los deberes respecto a la reparación de
las víctimas catalanas y de todas las naciones del actual estado español
(y la consiguiente actuación ante los tribunales internacionales), así
como un compromiso firme de contribuir a hacer prevalecer, desde la
República de Cataluña, los principios de la justicia universal.
Por ello, hasta el último día de estancia en el Parlamento español,
insistiremos. Se lo debemos a quienes nos legaron anhelos de libertad y
lo debemos a todas las personas que en el mundo sufren, hoy, la
vulneración de los derechos humanos.
