Este
es el posicionamiento de AGE, debatido y consensuado en Junta
Directiva, sobre la Ley de Memoria Democrática que se encuentra en
trámite en el Parlamento:
1.- ¿De qué estamos hablando?
El
error principal que tergiversa toda discusión sobre la ley de Memoria
Democrática es el de aceptar que se discuta en el terreno de la
equidistancia entre vencedores y vencidos. Obvio es que entre ambas
partes no puede existir equidistancia.
La
Ley deberá empezar por afirmar que nunca hubo dos bandos enfrentados,
sino una legitimidad y un grupo de generales golpistas. El triunfo de
los generales golpistas, la Falange, las diferentes organizaciones
monárquicas y la Iglesia tras tres años de resistencia del legítimo
gobierno de la República y de las fuerzas populares, pudo acabar con la
legalidad republicana, pero no con su legitimidad.
Deberá
afirmar que tras la muerte del dictador en 1975, los partidos
democráticos y los movimientos ciudadanos ofrecieron a los
representantes de las organizaciones políticas de la dictadura
establecer una constitución democrática en que pudieran integrarse con
total libertad todas las fuerzas e ideas políticas y sociales existentes
como partidos y organizaciones democráticas.
Siendo
la Constitución de 1978 heredera del franquismo, redactada con ese
espíritu de la Transición donde se gestaron los pactos del olvido y del
silencio, que permitieron la impunidad del franquismo y la legitimación
de una monarquía heredera del mismo,dejó establecido un sistema
democrático y de libertades públicas que nada debe a la Dictadura y todo
a la voluntad democrática de las fuerzas políticas y sociales
representativas de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que en ese
momento mostraron una enorme generosidad ofreciendo integrarse en el
sistema de democracia y libertades a todos los antiguos integrantes del
aparato dictatorial siempre que explícitamente aceptaran las reglas de
convivencia democráticas y las plenas libertades ciudadanas.
En
consecuencia y no teniendo ninguna deuda pendiente nuestra constitución
democrática con la dictadura franquista, y teniendo una enorme deuda de
gratitud con la ciudadanía democrática española los partidos y las
organizaciones sociales herederas del franquismo constituidas por los
supervivientes de los aparatos de la Dictadura, y pasados cuarenta años
del momento en que se establecieron las actuales reglas democráticas de
juego, es hora de disipar cualesquiera dudas que por parte de algunos
interesados añorantes de tiempos pretéritos definitivamente superados, y
establecer formalmente la verdad histórica.
Y
esta verdad no será nunca una construcción artificiosa entre lo que
defendieron, durante cuarenta años de dictadura y otros cuarenta de
democracia, las fuerzas y personas que establecieron el actual sistema
de libertades, y lo que defendían los representantes de los aparatos
económicos, sociales, policiales y militares de la dictadura franquista.
Por
el contrario, esta verdad, en un sistema democrático, es necesariamente
una reafirmación sólida y manifiesta de las libertades ciudadanas y de
la convivencia democrática libre. Y en consecuencia un firme rechazo al
fascismo, a la dictadura franquista y a todas sus manifestaciones. La
condena de la Dictadura es consustancial con la democracia. No se
entendería siquiera el concepto de equidistancia entre fascismo y
democracia. Entre el totalitarismo y las libertades civiles no hay
ningún punto intermedio. O hay libertad o no la hay.
En
consecuencia, se entiende que al aceptar el generoso ofrecimiento que
la ciudadanía democrática realizó en el año 78 a los representantes de
la Dictadura franquista y a las fuerzas fascistas residuales que aún
subsistían, estas aceptaban en su totalidad la legitimidad democrática y
se incorporaban al nuevo sistema de libertades sin reserva alguna. En
ese sentido, jueces, fiscales, policías, militares y aparato burocrático
de los sindicatos verticales y la administración llamada “del Movimiento”,
se incorporaron al nuevo sistema democrático rechazando con todas sus
consecuencias toda herencia de la Dictadura y acogiéndose a la
benevolencia con la que las fuerzas democráticas ciudadanas les ofrecían
una integración digna. Nunca se les obligó, como en los países en los
que ha existido una comisión de la Verdad, a declarar su pasado
públicamente y nunca se les ha obligado a manifestar explícitamente su
sumisión a un régimen de libertades y de democracia plena, pero hay que
aceptar que si se incorporaron a los puestos de la administración nueva
democrática libremente lo hicieron aceptando explícitamente su rechazo a
su pasado franquista y autoritario.
Sabemos
por la experiencia que no todos los funcionarios incorporados desde la
Dictadura a la democracia han sido ni son sinceros, ya que no olvidamos
que los militares golpistas del 36 resultaron también perjuros, pero
aceptamos que la aceptación formal de la Constitución por estos jueces,
fiscales, policías, etc., es suficiente para aceptarles sin prejuicios.
Sólo cuando los hechos han ido demostrando la grosera falsedad del
rechazo de la dictadura y el fascismo por algunos de ellos se nos hace
evidente que es preciso que una Ley de Memoria Democrática incluya la
exigencia de renovar explícitamente el rechazo a la dictadura franquista
por parte de estos funcionarios del Estado.
En
consecuencia, la Ley de Memoria Democrática deberá incluir un apartado
que exija a todos los jueces, fiscales, policías, militares y
asimilables, su condena y su rechazo explícito de la Dictadura
franquista o en su caso exija su abandono de toda función pública.
En
el caso español la Dictadura se sustentó sobre la represión ejercida
por policías y militares, jueces y fiscales, pero no menos por la
Iglesia Católica, tanto como organización internacional como en su
faceta local y aún personal. Sin la Iglesia nunca hubiera podido
permanecer el régimen fascista en el poder, pero ciertamente la Iglesia
no coincidía con los ideales fascistas si no tan solo con los
totalitarios. En un largo proceso sustituyó a los próceres del fascismo
español por personas de su fidelidad, por su propio aparato de poder,
que en consecuencia llegó a ser el máximo poder real en el país.
Colaboró la Iglesia en las ejecuciones, las condenas, las persecuciones
políticas y sociales, el robo de propiedades legítimamente adquiridas,
el robo de bebés, el exilio y la condena al ostracismo de millones de
ciudadanos demócratas, fue decisiva en la instauración de un régimen de
terror en las escuelas, los hospitales, los pueblos, el campo y las
ciudades. Persiguieron toda libertad de pensamiento, expresión,
manifestación y hasta de los anhelos más íntimos de libertades.
Sin
embargo el triunfo de la Iglesia sobre las actitudes netamente
fascistas heredadas de los regímenes de Italia y Alemania de los años
30, permitió, con la habilidad de la institución, el paso de la
Dictadura franquista a la Democracia por la conversión y con la
bendición del aparato eclesial español. La gravosa deuda que la Iglesia
tiene con la ciudadanía española hace imposible olvidar el papel que
jugó tanto en los años primeros de Dictadura como copartícipes del
terror de los años 40 y 50 como con el control de la escuela y la
sanidad durante los años posteriores. Nunca han pedido perdón por su
imprescindible participación del terror y de crímenes como el robo
metódico de bebés, o la delación de activistas demócratas rompiendo su
autoproclamado secreto de confesión.
Hemos
esperado pacientemente mucho, pero ahora exigimos que una Ley de
Memoria Democrática establezca estos hechos e imponga a todos el
necesario acatamiento a los valores democráticos y a las libertades
públicas, lo que implica que quienes fueron los actores de la represión
franquista acepten explícitamente el llamamiento de Azaña y, además de
pedir perdón si aún viven, quede constancia de su responsabilidad y
complicidad por su actuación en crímenes contra la humanidad.
2.- Las condiciones sine qua non:
Ciertamente
las leyes siempre han de incluir un sentido coercitivo. Sin sanción
toda ley resultaría huera. Pero prohibir no es más, en casos como el que
aquí tratamos, que un inútil y voluntarioso ejercicio de hipocresía.
Por
el contrario lo que exige el acertado cumplimiento de la Ley que
restituya la Memoria Democrática no es tanto prohibir, sino abrir,
arrojar luz, poner en manos de la sociedad plena toda la información y
toda la documentación que permita a las víctimas que la verdad, que se
ha ocultado por ochenta años, sea propiedad pública y esté abiertamente
en manos de toda la sociedad. Y que la verdad se abra camino por encima
de los intereses privados de la memoria de los represores y la
conveniencia de sus herederos directos.
Esto
implica que la totalidad de los archivos de la Dictadura se hagan
públicos sin ninguna limitación, que ningún documento oficial o de
instituciones como la Iglesia, el poder judicial o las fundaciones
creadas por la Dictadura para la preservación de sus intereses, siga
oculto a la sociedad en arcanos inaccesibles. Todos los archivos de la
represión han de ser abiertos y entregados, sin ningún tipo de censura,
directamente a la sociedad democrática.
Y
esto no sólo tiene que ser recogido como condición imprescindible y
punto de partida de cualquier Ley de Memoria Democrática, sino que tiene
que ser garantizado por esa ley de forma positiva y explícita. Esto
significa que una comisión científica debe hacerse cargo de la totalidad
de esta documentación con poderes absolutos sobre ella, sin
interferencia de jueces, clérigos, militares o cualquier otro estamento
que pueda tener intereses con cualesquiera herederos de la dictadura,
garantizando que no puedan tener opción alguna de intervenir en su
trabajo.
Y
esta comisión, que más allá de la verdad declararía la objetividad que
proclama la documentación escrita en su momento, no puede crearse con
posibles contaminaciones locales, debiendo ser asesorada por organismos
internacionales rigurosos, como los relatores de la ONU, organizaciones
internacionales de DDHH, el Consejo Internacional de Archivos (ICA), y
científicos de indiscutible prestigio tanto locales como
internacionales. Ni el Parlamento español, ni el gobierno del Estado, ni
mucho menos los organismos judiciales pueden tener capacidad para
resolver ni intervenir en tan pantanosa cuestión en la que demasiados
intereses locales estarían en juego.
Y
además es imperativo que la Comisión deba actuar de oficio y no por
petición de parte. Millones de ciudadanos ignoran qué fue lo que pasó
con sus abuelos, padres, tíos, amigos y han callado por pánico u otras
razones personales durante ochenta años. No podemos esperar a que cada
ciudadano pida que su caso sea reconocido oficialmente. Todos, toda la
sociedad, no los individuos particulares tan solo, exige verdad,
justicia y reparación, aun los muchos que por miedo, por indiferencia o
por conveniencia no lo irían a pedir nunca.
Pero
todo este esfuerzo social será inane si no se establece un punto de
partida claro. El perdón ofrecido por las fuerzas y la ciudadanía
democrática a todos los actores de la Dictadura que aceptaron
incorporarse a un régimen de libertades y de democracia, es
manifiestamente incoherente con la aceptación de la preconstitucional
Ley de Amnistía de 1977.
El
punto esencial de partida para comenzar a consensuar y concretar los
contenidos esenciales de la Ley de MD es la declaración por Ley, por
esta nueva y necesaria Ley de Memoria Democrática, de los siguientes
apartados:
Nulidad radical de dicha falsaria ley de Amnistía de 1977.
Reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo.
Declaración de nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales .
Garantizar la Tutela Judicial Efectiva en el proceso de localización, exhumación e identificación de las fosas comunes.
Que
todos los archivos de la represión sean abiertos y entregados, sin
ningún tipo de censura, directamente a la sociedad democrática.
Dejar
establecido por ley la recuperación e indemnización a cargo del estado,
o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes
expoliados a personas físicas o legales por motivos políticos,
religiosos o de represalias de cualquier tipo .
Sin ello no hay ni Verdad, ni Justicia, ni Reparación, y por tanto no hay consenso.
Junta Directiva de AGE
20 de agosto de 2021
