25 de diciembre de 2011
Justo pocos días antes de que se produjera el cambio de gobierno el Sr. Jáuregui antiguo ministro de la presidencia, dio a la luz pública el informe de la Comisión por él mismo creada sobre el Valle de los Caídos. Como todo lo que hace el Sr. Jáuregui, esta última broma, parece una jesuítica forma de liar las cosas y dar gato por liebre a la ciudadanía.
Encarga un informe a unos técnicos que se ven obligados, o incluso encantados, de partir de las premisas que defiende el Sr. Jáuregui, sin discutir su validez.
Así, se da por supuesto que la Transición es dignísima heredera de la dictadura, como él ha defendido vergonzantemente siempre, y que por tanto la legislación de la dictadura no es ilegal, sino que es algo que sólo requiere irse reformando lo más democráticamente posible desde las actuales instituciones. Evita que el tema central de la discusión de la memoria histórica se plantee. Sólo le vale partir de sus ilegítimas premisas, que a su vez parten de una cuestión fáctica consistente en que el actual sistema democrático se debe a la buena voluntad de los legisladores franquistas que decidieron en su día incorporar a la legislación fascista los elementos precisos para que el régimen político fuera de libertades públicas.
De esta manera, y tal como fue en la realidad, nunca hubo ruptura democrática sino suave transición de la dictadura sin dictador a la democracia sin pasado. Suave transición de casi cuatrocientos muertos a base de tiros, torturas, desapariciones, y puros crímenes de bandas fascistas mafiosas del sindicalismo vertical.
Así, el tema de la memoria histórica se ha ido dejando, oscureciendo, prolongando durante casi tanto tiempo como duró la Dictadura, sin resolverse, evitando cerrar heridas, procurando disimular, dar largas y dejar que el tiempo traiga dulcemente el olvido.
Han conseguido justo lo contrario de lo que se supone que pretendían, han conseguido que la herida siga sangrando, que los franquistas gobiernen con el gobierno o desde la oposición, que los muertos de la Dictadura sigan llamando a la puerta para ocupar el lugar que la historia les debe, y que el cobrador del frac de la historia se siente a las puertas de los grandes partidos a hacer notar a todos la enorme deuda pendiente que ellos quisieran ocultar y que cada vez se les nota más.
De forma similar actuó hace ciento cincuenta años la Restauración monárquica y así consiguió que setenta años después de ser liquidada por los espadones la 1ª República, llegara la segunda con la memoria bien viva del pasado republicano y obrero. Y justo en circunstancias que empiezan a tener cierto parecido, tras la crisis del 29 en medio del derrumbe de las democracias en Europa.
Pero, como dicen los cirujanos, vayamos por partes. Y como siempre lo más importante es saber quienes son los propietarios del objeto en discusión. Para eso se inventó el Derecho Romano, por el que aún procuramos regirnos.
Según nos explica el citado informe gubernamental la propiedad de la totalidad de los terrenos, de los edificios y de los bienes en ellos depositados, a excepción de la propia basílica, es del Estado. La basílica es propiedad de la Iglesia Católica pero no lo es el suelo que ocupa.
La basílica y el monstruo de crucifijo ilustrado que hay sobre ella es de la Iglesia, pero su mantenimiento por misteriosas razones inexplicables lo paga el Estado. Como consecuencia nos indica el informe que el monstruo y la basílica están en un estado de franco –nunca mejor dicho- deterioro físico, que si no se invierte muchísimo dinero, se vendrá abajo en pocos años.
En su origen la Dictadura y la Iglesia acordaron crear una supuesta fundación que fuera quien tuviera la titularidad y administración del conjunto. El informe nos aclara que puesto que dicha supuesta fundación tenía un patronato cuya representación correspondía al Jefe del Estado, en la actualidad y desaparecido el autodenominado Jefe del Estado anterior, se encuentra integrado en el llamado Patrimonio Nacional, organismo que administra las propiedades públicas que se asignan en exclusividad al Estado, incluidas las de la Corona de España.
El informe aclara más aún, que la citada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, no es tal, ya que la normativa consuetudinaria y además la positiva actual de lo que se conoce como fundaciones, exige que estás tengan un patrimonio propio que además no puede ser enajenado, y esta supuesta fundación carece de todo patrimonio, y se reduce a ser el nombre que recibió una confusa estructura semijurídica establecida por la Dictadura seguramente sin consultar en eso del Derecho Civil a nadie que supiera nada de Derecho Civil.
En esa situación nos encontramos con que el deseo del jurista y exministro Sr. Jáuregui de hacer derivar todo derecho actual democrático de las ilegítimas normas jurídicas de la Dictadura se vuelve un lío absurdo que denuncia a las claras lo más obvio: que nunca podrá ser que las democracias sean hijas legítimas de las dictaduras.
En conclusión, según el estudio elaborado por los firmantes del informe, nos encontraríamos con unos terrenos y unas instalaciones propiedad del Estado, que sostienen una basílica propiedad de la Iglesia Católica en cuyo interior se encuentran unos treinta y tantos mil restos mortales de personas en general desconocidas y las tumbas del hijo del dictador Primo de Rivera, fundador de la Falange, y del siguiente dictador, el general golpista Franco Bahamonde.
El informe pasa de refilón, sin mostrar demasiado interés en el tema, sobre la cuestión de los archivos de la supuesta fundación. Dicen que los frailes no les han permitido una consulta de los mismos y que estos han procurado boicotear las investigaciones de la comisión por los más variados procedimientos.
De esta manera sólo se ha podido saber en qué fechas se han llevado que restos, y cuantos se supone que se han trasladado desde toda la geografía española Se afirma que familiares de republicanos han exigido que se les entreguen los restos de sus familiares asesinados por la dictadura y que se supone fueron secuestrados y enterrados allí, en total ciento treinta fusilados republicanos reclamados por sus familiares. El resto hasta los 33.847 documentados, parece ser que nunca han sido reclamados por nadie.
Es muy raro que entre esos más de treinta y tres mil que presumiblemente fueron sacados de sus tumbas en cada pueblo de España no haya nadie que haya preferido y siga exigiendo que prefiere tener sus restos en su pueblo, en el panteón familiar, y con el debido respeto a quienes murieron hace ya más de setenta años, ya que se supone que son muertos durante la guerra. ¿Es posible que treinta y tres mil madres y padres aplaudieran que se llevaran a sus hijos muertos en la guerra a un lugar lejano? Nadie ha querido poner en duda que estos restos sean de soldados muertos en combate, o prisioneros asesinados por los vencedores tras la ocupación de pueblos y territorios. Es obvio que resulta imposible imaginar que en todos los casos, excepto esos ciento treinta muertos republicanos, son los restos mortales de treinta y tres mil soldados franquistas muertos en combate a los que ninguna madre ha reclamado, es simplemente absurdo.
La media docena de grandes batallas de la guerra tuvieron unas veinte o treinta mil muertos entre ambos ejércitos cada una. Es bien sabido que los oficiales cuyos restos pudieran recuperarse en el Ejército franquista se entregaban a las familias, pero de la tropa es cierto que nunca se intentara ni tan siquiera recuperar sus restos.
En las batallas de verano, especialmente Brunete, las temperaturas llegaban a casi cincuenta grados al sol, en las de invierno, como la de Teruel, las temperaturas llegaban a veinte bajo cero. Y estas grandes batallas llegaban a durar varios meses, como en el Ebro. Salta a la vista que en esas condiciones las más simples normas de sanidad o la imposibilidad material de cavar en tierra congelada, exigían que a la ocupación de terreno enemigo se procediera a enterrar a todos lo muertos en cualquier lugar en el mismo campo de batalla.
De esta manera es imposible saber de dónde se sacaron esos treinta mil cadáveres supuestamente franquistas, habría que ver con la máxima precisión los archivos que esos frailes tienen secuestrados ilegalmente, pero parece evidente que la inmensa mayoría son soldados de leva y mercenarios marroquíes muertos en el campo de batalla, y en todo caso, de ambos ejércitos.
En todo caso es notorio que los restos han sido mezclados de forma desordenada en los inmensos osarios de la basílica y que ahora es prácticamente imposible identificar a ninguno. De todo esto el informe de la comisión Jáuregui no dice absolutamente nada.¡Hay que ver lo que da de sí una buena mente jesuítica!
De esta manera el problema de los restos mortales está, tras el informe, igual que estaba antes, pero insistimos, que ya resulta raro que nadie haya reclamado nunca más que a ciento treinta muertos republicanos que es notorio que no murieron en el campo de batalla, sino en la retaguardia o en la brutal represión posterior a la guerra.
Si estas sospechas se pueden confirmar, y no habría más que mirar los registros de los archivos de la basílica, lo normal sería hacer un cementerio de guerra con todos ellos, en lugar neutral, laico y respetable, como hay en toda Europa y América donde las imágenes de cementerios de guerra son habituales. Quien haya visitado algunos en los numerosos países que mantienen esa digna tradición, sabe que son campos con cierto contenido patriótico y en los que cruces, estrellas de David u otros signos tradicionales señalan miles de tumbas iguales en todo y más o menos anónimas. Sería quizás sensato sacar todos los restos, que como es evidente no son propiedad de los frailes, y levantar, en lugar absolutamente ajeno al Valle, un verdadero cementerio de guerra respetable y respetado por todos.
En todo caso los cadáveres, o bien han sido secuestrados de tumbas o fosas comunes en cementerios de los diferentes pueblos de toda España, o bien han sido exhumados ilegalmente de los campos de batalla donde estuvieran enterrados, y no podemos aceptar en ningún caso que la legislación franquista que los sacó de las tumbas al construirse el Valle es legítima, eso sería suponer, como quiere el Sr. Jáuregui, que al fin y al cabo la legislación represiva franquista era entonces legal y simplemente se ha suprimido con diferentes modificaciones también legales, en base a nuevas leyes aprobadas en las Cortes tras la muerte del Dictador. Somos demasiados los que no podemos admitir las bases de esa propuesta. Ese es el corazón de la discusión y no averiguar si depende de tal o cual conservar, o sea pagar, el monstruo del Valle de los Caídos indefinidamente.
Respecto a los cadáveres del dictador y del fundador de Falange, hagan las familias lo que quieran y hagan los frailes lo que les venga en gana, mucho le debe Franco a la Iglesia y poco Primo de Rivera. Allá ellos se lo organicen como les resulte adecuado.
Por otra parte, no se sabe por qué razón tenemos los ciudadanos que pagar el mantenimiento de ese monstruo y los gastos diarios de los frailes. Siendo propiedad todo, excepto la basílica, del Estado, y no aportando más que gastos de parte de la Iglesia Católica y de los herederos de Franco y Primo de Rivera, es obvio que debe darse a dios lo que es de dios y al césar lo que es del césar. Patrimonio Nacional pagará el ibi de los terrenos y los gastos de basura de los turistas que los visiten al correspondiente ayuntamiento, y nada más en tiempos de ruina económica, y la iglesia católica y los descendientes de Franco y Primo los de la basílica.
Y en todo caso hay una buena solución para los poderes públicos dado el enorme gasto que se considera en el célebre informe Jáuregui que costaría evitar el desmoronamiento final de ese monstruo ya en semiruinas: déjese caer o dígasele a los partidarios del franquismo y del fascismo que paguen ellos el mantenimiento de la cruz y la basílica, que dinero no les falta precisamente. Como es seguro que no lo piensan pagar, déjese que se lo vaya llevando el tiempo, y por seguridad pónganse vallas rodeando el templo propiedad de la Iglesia Católica para impedir que los entusiastas de la dictadura sean víctimas de la caída de los pedruscos del monstruo.
Por otra parte el Informe repite machaconamente que la basílica se levantó –sobre terrenos del Estado- según un acuerdo con el Vaticano, y por tanto ese acuerdo está supeditado al famoso Concordato, al que este informe y el Sr. Jáuregui dan una validez casi cósmica. Recordaremos que el Concordato está sujeto, al menos actualmente, a la Constitución y que ésta, tal como indica el Informe, dice en su artículo 96 que los tratados internacionales validamente celebrados forman parte de la legislación interna española. Quizás olvida el informe que el Concordato es preconstitucional y que para poder aplicarse sería preciso que hubiera una Ley Orgánica que desarrollase tal convenio internacional, y esa Ley nadie se ha acordado de aprobarla treinta y tantos años después de firmarse el convenio. ¿Están seguros de que el Concordato franquista con el Estado del Vaticano es legal? Creemos que suponen que es al menos tan legal como toda la espuria legislación represiva franquista, y seguimos en la misma cuestión clave ¿Da por presupuesto el Sr. Jáuregui y sus amigos del PP y del PSOE que la legislación represiva franquista fue legal y que simplemente ha sido rectamente modificada por nueva legislación posterior al año 79?
En todo caso parece deducirse lógicamente que en base a toda esa argumentación que el mismo informe crea, se podría intervenir según dos posibilidades: de acuerdo con los frailes o sin acuerdo con ellos. En el primer caso, evidentemente, no habría problema, en el segundo y dado que no hay más que liquidar de forma inmediata todo pago para el mantenimiento de la basílica, sólo hay que esperar que se acabe de caer. El Informe insiste en el estado de casi desmoronamiento en el que se encuentra actualmente, y que las simples obras de sostenimiento urgentes no bajarían de trece millones de euros, ¡para fiestas carcas estamos!
Queda un tema muy interesante. La obra está levantada por obreros de una conocida empresa constructora y por trabajo esclavo de presos republicanos que redimían tiempo de condena por trabajos en la obra. En las obras del conjunto el Estado les debe los salarios no devengados jamás, en las de la basílica, propiedad de la Iglesia Católica, esos salarios los debe a las víctimas la Iglesia Católica, que acostumbra a ser muy hábil para coger dinero y muy abstrusa para soltarlo. Somos el único país de Europa que no ha resarcido a las víctimas los trabajos esclavos del fascismo. El cuñadísimo Serrano Suñer era el máximo controlador de las obras, y exigía que de los salarios que fueran sustitutivos de la reducción de pena la empresa Agroman dedujera un porcentaje que se le entregaba a él personalmente, y en oro, no en pesetas.
¿El nuevo gobierno tan ligado al Opus Dei, seguirá pagándole a los frailes el óbolo debido del Valle caído, o preferirá recortar algo de esos gastos suntuario-franquistas y recortar en su lugar de otro lado, por ejemplo de sus sueldos?
Juan Barceló, de la Junta Directiva de AGE
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