No todos los días se reciben buenas noticias como ésta: el Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria ha exigido hoy al Ayuntamiento de Santander que cumpla la Ley, concediéndole un plazo de un mes, después de que admitiese a trámite la demanda que hicimos el 13 de febrero pasado las cuatro asociaciones de Memoria de Cantabria (AGE, Colectivo Memoria de Laredo, Desmemoriados y Héroes de la República y la Libertad) para que se obligase al Ayuntamiento de Santander a cumplir la ley de Memoria Democrática y eliminasen del nomenclator de calles las que están dedicadas a generales golpistas o miembros del aparato represor franquista, (un total de 18 calles que aún permanecen en Santander incumpliendo lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática y el propio acuerdo de 27 de agosto de 2015 del Ayuntamiento de Santander, por el que se aprobó la retirada de esos nombres).
En el escrito dirigido a la alcaldesa de Santander, la Fiscalía hace constar que “El Ayuntamiento de Santander, hasta el día de la fecha, no ha ejecutado sus propios acuerdos para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Memoria Democrática. Se ha situado de forma consciente y deliberada en una posición inadmisible de “rebeldía” frente al cumplimiento de la ley. Desde la perspectiva de los servidores públicos, resulta especialmente grave la transgresión pública de la ley mediante acciones, omisiones, dilaciones o transformaciones absolutamente injustificadas. En línea con lo anterior, los honores a criminales fascistas que al día de la fecha mantiene el Ayuntamiento de Santander, repulsan abiertamente el derecho de reparación de las víctimas del franquismo”…
Y continúa: "No solo las víctimas, directas o indirectas, de las violaciones de los derechos humanos incluidas en el ámbito del art. 3 LMD ostentan el derecho a la justicia y a la verdad. El titular de estos derechos es toda la sociedad, pues los bienes jurídicos protegidos por los crímenes contra la humanidad revisten tal calado, tal importancia, que afectan e interpelan al conjunto de la comunidad internacional".
Por tanto insta a la alcaldesa a “que se inicien las actuaciones necesarias para la supresión de honores a criminales fascistas en los términos del artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática”.
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