El exdiputado Joan Tardá, de ERC, acaba de publicar en "El Periódico" este artículo reivindicando el reconocimiento oficial para los guerrilleros antifascistas. No es la primera vez que lo hace. En su época de diputado fueron varias las mociones que presentó en el Congreso de los Diputados solicitando ese reconocimiento que siempre se les ha negado a los guerrilleros:
Los dos últimos guerrilleros nos alertan
Del gobierno depende contribuir a derrotar el relato que ha hecho creer a decenas de miles de ciudadanos nacidos en democracia que las libertades habían caído gratuitamente del cielo
Dos son los últimos guerrilleros antifascistas todavía vivos: Francisco Martínez López, a punto de cumplir los 100 años, y Esperanza Martínez García, que pronto cumplirá 99. Un hombre y una mujer, aunque la presencia de los primeros en las fuerzas guerrilleras del XIV Cuerpo del Ejército Guerrillero creado por el Gobierno republicano en 1937 siempre fue muy superior.
Un hecho que coincide con la oleada de nuevos fascismos, de añoranzas del franquismo, de tergiversaciones históricas y de relativización creciente de los derechos humanos, la realidad de las cuales queda evidenciada en el impacto creado en amplios sectores de las nuevas generaciones. Miles de jóvenes víctimas de una ofensiva reaccionaria diseñada a partir de la conjunción entre el poder económico y el control de las redes sociales. Habría que añadir, no obstante, una causa no reconocida por la izquierda: su irresponsabilidad en la conformación de un imaginario amnésico ante el precio tan alto que las generaciones precedentes tuvieron que pagar para vivir hoy en democracia. Por eso, hay que agradecer que las voces todavía presentes de Francisco y Esperanza impidan esconder tanta dejadez y que su larga vida continúe alertándonos sobre las nefastas consecuencias de la desmemoria.
Francisco y Esperanza, los dos últimos guerrilleros vivos de entre los miles que combatieron entre 1938 y 1965 contra la dictadura. Enfrentamiento armado que provocó 2.036 combatientes muertos, 3.211 prisioneros y 17.862 personas encarceladas, acusadas de encubridoras, porque el apoyo de la población explica que perdurara tantos años. Un hecho histórico deliberadamente ignorado que, aun así, en el caso catalán ha dejado huella de admiración hacia figuras como Quico Sabaté, abatido por el 'somatent' en Sant Celoni en 1960, o Ramon Vila 'Caracremada', muerto por la guardia civil en Rajadell, tres años más tarde.
Solo desde la anomalía de un sistema democrático nacido en 1977 bajo el sello de la impunidad puede justificarse que hasta que no se aprobó la última ley de Memoria Democrática, en 2022, no se incluyera a la guerrilla antifascista en el listado de hechos y protagonismos susceptibles de ser reconocidos como 'víctimas'.
Efectivamente, durante más de 40 años de democracia se les negó la consideración de guerrilleros y continuaron siendo considerados, según decreto de la Dirección General de Seguridad de 1947, “bandoleros”. Nada que ver con la manera como fueron reconocidos los combatientes por la libertad en Italia, donde 300.000 partisanos al acabar la guerra recibieron reconocimientos de todo tipo; en Bélgica, donde se procedió de igual manera desde 1949 o en Francia, donde intermediando el estatuto del combatiente voluntario de la Resistencia se tuvo el cuidado de poner encima del altar de la república al 'maquisard', otorgándoles honores y resarcimientos materiales. Todo sea dicho, incluyendo también a miembros de la Resistencia españoles o catalanes. Los mismos que, una vez liberada Francia, optaron por continuar el combate porque, desgraciadamente, la democracia no cruzó los Pirineos.
Haber renegado de los hombres y mujeres que hicieron frente al fascismo, que durante décadas fueron tan despreciados como para que incluso nunca ningún ministro de Defensa, ni del PP ni del PSOE, hubiera querido ni siquiera recibir a los representantes de Archivo, Guerra y Exilio (AGE), la entidad que los reivindicaba, denota la rotundidad con que se optó por una lectura reduccionista de la lucha por la democracia.
La autoestima como sociedad democrática exige que el Gobierno español actúe responsablemente. Es decir, a contrarreloj. ¿Cómo se puede admitir que, después de tres años de haberse aprobado la ley, todavía no se haya actuado? ¿Espera que los dos supervivientes, sobre los cuales recae el intangible de tantos sacrificios por la libertad, se hayan ido de este mundo?
Imperdonable que, teniendo ya el apoyo legal, no se haya procedido a actuar reconociéndoles la condición de resistentes armados del ejército de la II República y, por lo tanto, homologarlos en grado a los miembros del Ejército republicano. Inaceptable que nunca se haya librado un certificado oficial del Estado asumiendo la condición de resistentes. Incomprensible que, desde los poderes públicos, no se haya movido un dedo en pro de la elaboración del listado definitivo de integrantes y queden vigentes las dificultades para acceder a los archivos.
Del gobierno depende contribuir, de una vez por todas, a derrotar el relato que ha hecho creer a decenas de miles de ciudadanos nacidos en democracia que las libertades habían caído gratuitamente del cielo.
Aquí hay dos personas centenarias reflejándose en el presente más inmediato.
Un hecho que coincide con la oleada de nuevos fascismos, de añoranzas del franquismo, de tergiversaciones históricas y de relativización creciente de los derechos humanos, la realidad de las cuales queda evidenciada en el impacto creado en amplios sectores de las nuevas generaciones. Miles de jóvenes víctimas de una ofensiva reaccionaria diseñada a partir de la conjunción entre el poder económico y el control de las redes sociales. Habría que añadir, no obstante, una causa no reconocida por la izquierda: su irresponsabilidad en la conformación de un imaginario amnésico ante el precio tan alto que las generaciones precedentes tuvieron que pagar para vivir hoy en democracia. Por eso, hay que agradecer que las voces todavía presentes de Francisco y Esperanza impidan esconder tanta dejadez y que su larga vida continúe alertándonos sobre las nefastas consecuencias de la desmemoria.
Francisco y Esperanza, los dos últimos guerrilleros vivos de entre los miles que combatieron entre 1938 y 1965 contra la dictadura. Enfrentamiento armado que provocó 2.036 combatientes muertos, 3.211 prisioneros y 17.862 personas encarceladas, acusadas de encubridoras, porque el apoyo de la población explica que perdurara tantos años. Un hecho histórico deliberadamente ignorado que, aun así, en el caso catalán ha dejado huella de admiración hacia figuras como Quico Sabaté, abatido por el 'somatent' en Sant Celoni en 1960, o Ramon Vila 'Caracremada', muerto por la guardia civil en Rajadell, tres años más tarde.
Solo desde la anomalía de un sistema democrático nacido en 1977 bajo el sello de la impunidad puede justificarse que hasta que no se aprobó la última ley de Memoria Democrática, en 2022, no se incluyera a la guerrilla antifascista en el listado de hechos y protagonismos susceptibles de ser reconocidos como 'víctimas'.
Efectivamente, durante más de 40 años de democracia se les negó la consideración de guerrilleros y continuaron siendo considerados, según decreto de la Dirección General de Seguridad de 1947, “bandoleros”. Nada que ver con la manera como fueron reconocidos los combatientes por la libertad en Italia, donde 300.000 partisanos al acabar la guerra recibieron reconocimientos de todo tipo; en Bélgica, donde se procedió de igual manera desde 1949 o en Francia, donde intermediando el estatuto del combatiente voluntario de la Resistencia se tuvo el cuidado de poner encima del altar de la república al 'maquisard', otorgándoles honores y resarcimientos materiales. Todo sea dicho, incluyendo también a miembros de la Resistencia españoles o catalanes. Los mismos que, una vez liberada Francia, optaron por continuar el combate porque, desgraciadamente, la democracia no cruzó los Pirineos.
Haber renegado de los hombres y mujeres que hicieron frente al fascismo, que durante décadas fueron tan despreciados como para que incluso nunca ningún ministro de Defensa, ni del PP ni del PSOE, hubiera querido ni siquiera recibir a los representantes de Archivo, Guerra y Exilio (AGE), la entidad que los reivindicaba, denota la rotundidad con que se optó por una lectura reduccionista de la lucha por la democracia.
La autoestima como sociedad democrática exige que el Gobierno español actúe responsablemente. Es decir, a contrarreloj. ¿Cómo se puede admitir que, después de tres años de haberse aprobado la ley, todavía no se haya actuado? ¿Espera que los dos supervivientes, sobre los cuales recae el intangible de tantos sacrificios por la libertad, se hayan ido de este mundo?
Imperdonable que, teniendo ya el apoyo legal, no se haya procedido a actuar reconociéndoles la condición de resistentes armados del ejército de la II República y, por lo tanto, homologarlos en grado a los miembros del Ejército republicano. Inaceptable que nunca se haya librado un certificado oficial del Estado asumiendo la condición de resistentes. Incomprensible que, desde los poderes públicos, no se haya movido un dedo en pro de la elaboración del listado definitivo de integrantes y queden vigentes las dificultades para acceder a los archivos.
Del gobierno depende contribuir, de una vez por todas, a derrotar el relato que ha hecho creer a decenas de miles de ciudadanos nacidos en democracia que las libertades habían caído gratuitamente del cielo.
Aquí hay dos personas centenarias reflejándose en el presente más inmediato.
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| Francisco Martínez, Jesús de Cos y Joan Tardá (2012) |
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| Esperanza Martínez |
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