sábado, 14 de mayo de 2011

Declaración sobre la renuncia por parte del Estado al deber de investigar judicialmente los crímenes graves.


29mar06


Declaración sobre la renuncia por parte del Estado al deber de investigar judicialmente los crímenes graves.

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DECLARACIÓN:
a) Consideramos que "La investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o durante la represión política posterior y cuyo paradero se ignore" es una responsabilidad indelegable del Estado.
b) Una orden presidencial no reviste rango jurídico suficiente para fijar normas de carácter penal y, menos aún, para modificar las leyes rituarias penales que hacen a la "investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente..."
c) Este tipo de procedimiento debe ser realizado bajo tutela judicial, a través de los jueces ordinarios y a través de la actuación de la fiscalía; ha de tratarse, sencillamente, de procedimientos ordinarios que reúnan las garantías procesales necesarias de todo estado de derecho.
d) La Orden Presidencial de referencia puede ser entendida como una legislación de excepción penal y que como tal, es violatoria del orden constitucional existente y del Convenio europeo de derechos humanos.
e) Que el tratamiento que se debe dar a la "investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente..." está reglado además por normas de rango europeo y también por normas derivadas de convenciones internacionales.
f) El desenterramiento ilegal es un delito y, en este caso, reviste además el agravante de tratarse de presuntas víctimas de crímenes contra la humanidad, con lo que estos desenterramientos ilegales contaminan y/o destruyen las pruebas y los elementos de prueba de la comisión de los mismos.
g) Llamamos a todas las asociaciones de víctimas y a sus familiares a impedir que se proceda de esta forma ilegal, ya que signica la desaparición definitiva de los restos y su manipulación equivale a colaborar en la consumación definitiva del crimen cometido inicialmente.
h) Demandamos que la Fiscalía General del Estado cumpla con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y actúe en defensa de las víctimas que no tienen posibilidad alguna de representación judicial, garantizando el derecho a la justicia y al debido proceso.
Madrid, a 29 de marzo de 2006.
Firman (orden alfabético):
  • AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta
  • Agrupación Gragero de León, Mario Osorio, secretario.
  • Amigos de los caídos por la libertad (1939 – 1945), Memoria histórica de la región de Murcia, Floren Dimas Balsalobre, presidente regional.
  • Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general.
  • Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, presidente.
  • Asociación Memoria Histórica Asturiana, Marisa Marinez Caldevilla presidenta y Víctor Luis Alvarez, Portavoz de la Junta Directiva.
  • Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, Fermín Sánchez Martín, secretario.
  • Desaparecidos de la guerra civil y el exilio republicano, DESPAGE. Antonio Cruz González, Coordinador.
  • Equipo Nizkor, Gregorio Dionis, presidente
  • Federación Foro por la Memoria (Foro por la Memoria del Oriente de Asturias, Foro por la Memoria de Segovia, Foro por la Memoria de Burgos, Foro por la Memoria de La Rioja, Foro por la Memoria de Santander, Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, Forum per la Memoria del País Valenciá, Foro por la Memoria de Castilla la Mancha, Foro por la Memoria de Huelva, Foro por la Memoria de Jaén) José Mª Pedreño, presidente de la federación.
  • Fundación Luis Bello, José Esteban, presidente.
  • Instituto Republicano de Derechos Humanos, Félix Rodríguez Sanz, secretario.

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nota del equipo Nizkor en referencia a la noticia en el periódico El País de un desenterramiento ilegal en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Nota documental del Equipo Nizkor: Esta nota de prensa aparecida en el diario "El País" refleja claramente el apoyo de ese medio de prensa a lo que hemos dado en llamar "desenterramientos ilegales".
En el caso en cuestión se narra con total irresponsabilidad ética y moral un caso de los que afectan a la España profunda.
En realidad, lo que aparenta ser una acto de justicia es, en la práctica, un desenterramiento ilegal que provoca la deliberada destrucción y eliminación formal de la pruebas procesales y penales de los delitos que en su momento se cometieron.
Estos delitos no pueden ser otros que "crímenes contra la humanidad" y por lo tanto este tipo de actos debería seguir el procedimiento que fija el derecho internacional aplicable.
Decimos "en total impunidad" porque un hecho de esta naturaleza se perpetra sin que la Guardia Civil tome conocimiento, sin que el Fiscal de Guardia tome iniciativa alguna, sin que el juez penal con jurisdicción en el lugar de los hechos actúe y sin que el Delegado del Gobierno de Salamanca se entere.
Es difícil no sacar la conclusión que son demasiados funcionarios públicos que no funcionan. Es más fácil y creíble llegar a la conclusión de que funcionan y muy eficazmente.




04nov06


Dirigen y ejecutan un nuevo desenterramiento ilegal.


http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/rodrigo.html

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