A LOS FAMILIARES DEL POETA MIGUEL HERNÁNDEZ

AL TRIBUNAL SUPREMO

En relación con la reciente negativa del Tribunal Supremo (TS) a la familia

de Miguel Hernández, para interponer recurso de revisión del consejo de

guerra franquista que condenó al poeta a la pena de muerte, las asociaciones

adheridas a este Manifiesto, declaramos lo siguiente:

Los fundamentos de derecho del TS, con toda probabilidad constituyen un caso

flagrante de *fraude de ley*, por cuanto el término “ilegitimación”, al que

recurren en su resolución los magistrados, amparándose como coartada en la

Ley de la Memoria Histórica (LMH) para dictaminar sobre los tribunales y

sentencias represivas franquistas, carece de validez jurídica de aplicación,

ya que, en derecho, la “ilegitimación” no es un término jurídico, si no que

se emplea ocasionalmente en debates sobre filosofía del derecho, pero nunca

como argumento de interpretación estrictamente jurídica.

Los comportamientos humanos, desde su valoración en el marco jurídico, son

legales o ilegales, pero nunca legítimos o ilegítimos, ya que mientras la

ilegalización sí tiene EFECTOS JURÍDICOS, la ILEGITIMACIÓN no los tiene- En

consecuencia, la Ley de la Memoria Histórica, *no ilegaliza* los tribunales

represores franquistas ni sus sentencias, como da a entender arteramente el

TS en esta resolución, si no que este órgano de la Justicia emplea

sutilmente el argumento de la “ilegitimación”, con un marcado propósito de

confundir, consciente de que con su invocación no ha lugar acción jurídica

alguna reivindicativa, como señalamiento de indemnizaciones, devolución del

patrimonio incautado, investigación judicial de los asesinatos, exhumaciones

de fosas comunes bajo tutela de los jueces, etc.

Cuando el TS afirma que la LMH ha declarado las sentencias "como

radicalmente injustas" y considera "su ilegitimidad por vicios de fondo y

forma", no está hablando de que sea ilegal

-porque nunca ha sido ilegalizada-, si no que trata de hacer un juego

semántico con los términos, presentándolo como si la LMH ilegalizase algo,

cuando lo único que esta reconoce, es la condena *moral *de las sentencias,

un pronunciamiento que –tal como establece dicha ley- no ampara

reivindicación de ningún tipo, ni penal, ni administrativo.

Mientras no exista una condena jurídica de los tribunales y sentencias

represivas franquistas, los tribunales continuarán siendo legales (aunque se

les consideren ilegítimos) y sus sentencias, seguirán teniendo plena

legalidad.

Los familiares de Miguel Hernández, deberían reorientar su petición a la

Justicia, exigiendo la nulidad radical de las sentencias, y no su “revisión”

basándose en defectos en la instrucción de la causa, y en el aporte de

nuevas pruebas, ya que ello supone -*de facto*-, el reconocimiento implícito

de la legalidad y legitimidad de aquellos tribunales. Aquella sentencia a

muerte de Miguel Hernández, no fue injusta por una insuficiente o defectuosa

instrucción, si no porque el régimen y los tribunales que lo condenaron,

eran ILEGALES E ILEGÍTIMOS.

El TS sabe que la persecución de los crímenes franquistas, a la luz de la

legislación de la ONU en materia de persecución de los crímenes de lesa

humanidad (contemplados en los artículos 607 y 607 bis del código penal), es

retroactiva e imprescriptible, estando enterado plenamente de que los

juzgados territoriales, a los que se remite a los familiares de las víctimas

del franquismo, -como igualmente lo hace la Audiencia Nacional- están

archivando sistemáticamente la práctica totalidad de las denuncias,

situación de la que ninguna de Sus Señorías, ha querido dado darse por

enterada hasta la fecha. Una postura así, tiene un nombre que todo el mundo

conoce.