El Gobierno está haciendo gestiones para que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, hoy suspendido de sus funciones, pueda lograr un puesto en Colombia relacionado con la defensa de los derechos humanos, según ha podido saber ABC de fuentes solventes.
Al parecer, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, habría aprovechado su participación en la Cumbre Iberoamericana del pasado mes de diciembre en Mar del Plata para sondear a su colega colombiana, María Ángela Holguín, sobre la posibilidad de facilitar a Garzón un cargo de asesor del Gobierno de Juan Manuel Santos.
La respuesta de Holguín fue positiva, pero comentó a Jiménez que, en caso de llegarse a un acuerdo, sería España la que tendría que cubrir los gastos, algo que podría hacerse a través de algún programa de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (Aecid).
Garzón ha viajado en numerosas ocasiones a Colombia y tiene una gran relación con ese país, hasta el punto de que intentó, al parecer, ser nombrado magistrado de enlace, dependiendo de la Embajada española. Sin embargo, la situación procesal en la que se encuentra, impidió llevar a cabo ese proyecto.
El relevo de Álvaro Uribe en la presidencia de Colombia ha abierto una nueva posibilidad para Garzón, ya que Santos está empeñado en desarrollar una política de mayor compromiso en el respeto de los derechos humanos en el país. La incorporación de Garzón para asesorar al Gobierno en alguno de sus proyectos le daría más credibilidad entre los sectores de izquierdas.
Cooperación española
Uno de los posibles destinos del juez español sería integrarse en alguno de los órganos que creará la Ley de Reparación de Víctimas que se está discutiendo en el Parlamento colombiano en estos momentos y que se quiere aprobar antes de julio.
La financiación por parte de la Aecid quedaría justificada porque, dado el nivel de renta medio que tiene Colombia, la cooperación española se centra casi exclusivamente en apoyo a programas destinados a favorecer el proceso de paz y el fortalecimiento de las instituciones judiciales y de los organismos relacionados con los derechos humanos.
Garzón, que actualmente tiene un cargo de asesor del Tribunal Penal Internacional, se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el proceso de paz en Colombia, reclamando la apertura de juicios por violaciones de derechos humanos y pidiendo compensaciones para las víctimas.
El pasado mes de octubre, en una intervención en la Casa de América señaló que el proceso de paz de Colombia debe basarse en una «conjunción de justicia y verdad». Garzón añadió que el proceso de «Justicia y Paz» iniciado en 2005 en Colombia «debe establecer claramente sanciones penales para los crímenes catalogados como crímenes contra la Humanidad». Según el juez, «cinco años después, los resultados son un poco magros debido a la falta de resolución de las sentencias, algo que se justifica por la naturaleza compleja de Colombia».
Con tres causas abiertas en el Tribunal Supremo de España, Garzón, ejerce, desde mayo del año pasado, como consultor externo de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de la Haya.
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