Este es el posicionamiento de AGE, debatido y consensuado en Junta Directiva, sobre la Ley de Memoria Democrática que se encuentra en trámite en el Parlamento:
1.- ¿De qué estamos hablando?
El error principal que tergiversa toda discusión sobre la ley de Memoria Democrática es el de aceptar que se discuta en el terreno de la equidistancia entre vencedores y vencidos. Obvio es que entre ambas partes no puede existir equidistancia.
El error principal que tergiversa toda discusión sobre la ley de Memoria Democrática es el de aceptar que se discuta en el terreno de la equidistancia entre vencedores y vencidos. Obvio es que entre ambas partes no puede existir equidistancia.
La
Ley deberá empezar por afirmar que nunca hubo dos bandos enfrentados,
sino una legitimidad y un grupo de generales golpistas. El triunfo de
los generales golpistas, la Falange, las diferentes organizaciones
monárquicas y la Iglesia tras tres años de resistencia del legítimo
gobierno de la República y de las fuerzas populares, pudo acabar con la
legalidad republicana, pero no con su legitimidad.
Deberá afirmar que tras la muerte del dictador en 1975, los partidos democráticos y los movimientos ciudadanos ofrecieron a los representantes de las organizaciones políticas de la dictadura establecer una constitución democrática en que pudieran integrarse con total libertad todas las fuerzas e ideas políticas y sociales existentes como partidos y organizaciones democráticas.
Siendo la Constitución de 1978 heredera del franquismo, redactada con ese espíritu de la Transición donde se gestaron los pactos del olvido y del silencio, que permitieron la impunidad del franquismo y la legitimación de una monarquía heredera del mismo,dejó establecido un sistema democrático y de libertades públicas que nada debe a la Dictadura y todo a la voluntad democrática de las fuerzas políticas y sociales representativas de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que en ese momento mostraron una enorme generosidad ofreciendo integrarse en el sistema de democracia y libertades a todos los antiguos integrantes del aparato dictatorial siempre que explícitamente aceptaran las reglas de convivencia democráticas y las plenas libertades ciudadanas.
En consecuencia y no teniendo ninguna deuda pendiente nuestra constitución democrática con la dictadura franquista, y teniendo una enorme deuda de gratitud con la ciudadanía democrática española los partidos y las organizaciones sociales herederas del franquismo constituidas por los supervivientes de los aparatos de la Dictadura, y pasados cuarenta años del momento en que se establecieron las actuales reglas democráticas de juego, es hora de disipar cualesquiera dudas que por parte de algunos interesados añorantes de tiempos pretéritos definitivamente superados, y establecer formalmente la verdad histórica.
Y esta verdad no será nunca una construcción artificiosa entre lo que defendieron, durante cuarenta años de dictadura y otros cuarenta de democracia, las fuerzas y personas que establecieron el actual sistema de libertades, y lo que defendían los representantes de los aparatos económicos, sociales, policiales y militares de la dictadura franquista.
Por el contrario, esta verdad, en un sistema democrático, es necesariamente una reafirmación sólida y manifiesta de las libertades ciudadanas y de la convivencia democrática libre. Y en consecuencia un firme rechazo al fascismo, a la dictadura franquista y a todas sus manifestaciones. La condena de la Dictadura es consustancial con la democracia. No se entendería siquiera el concepto de equidistancia entre fascismo y democracia. Entre el totalitarismo y las libertades civiles no hay ningún punto intermedio. O hay libertad o no la hay.
En consecuencia, se entiende que al aceptar el generoso ofrecimiento que la ciudadanía democrática realizó en el año 78 a los representantes de la Dictadura franquista y a las fuerzas fascistas residuales que aún subsistían, estas aceptaban en su totalidad la legitimidad democrática y se incorporaban al nuevo sistema de libertades sin reserva alguna. En ese sentido, jueces, fiscales, policías, militares y aparato burocrático de los sindicatos verticales y la administración llamada “del Movimiento”, se incorporaron al nuevo sistema democrático rechazando con todas sus consecuencias toda herencia de la Dictadura y acogiéndose a la benevolencia con la que las fuerzas democráticas ciudadanas les ofrecían una integración digna. Nunca se les obligó, como en los países en los que ha existido una comisión de la Verdad, a declarar su pasado públicamente y nunca se les ha obligado a manifestar explícitamente su sumisión a un régimen de libertades y de democracia plena, pero hay que aceptar que si se incorporaron a los puestos de la administración nueva democrática libremente lo hicieron aceptando explícitamente su rechazo a su pasado franquista y autoritario.
Sabemos por la experiencia que no todos los funcionarios incorporados desde la Dictadura a la democracia han sido ni son sinceros, ya que no olvidamos que los militares golpistas del 36 resultaron también perjuros, pero aceptamos que la aceptación formal de la Constitución por estos jueces, fiscales, policías, etc., es suficiente para aceptarles sin prejuicios. Sólo cuando los hechos han ido demostrando la grosera falsedad del rechazo de la dictadura y el fascismo por algunos de ellos se nos hace evidente que es preciso que una Ley de Memoria Democrática incluya la exigencia de renovar explícitamente el rechazo a la dictadura franquista por parte de estos funcionarios del Estado.
Deberá afirmar que tras la muerte del dictador en 1975, los partidos democráticos y los movimientos ciudadanos ofrecieron a los representantes de las organizaciones políticas de la dictadura establecer una constitución democrática en que pudieran integrarse con total libertad todas las fuerzas e ideas políticas y sociales existentes como partidos y organizaciones democráticas.
Siendo la Constitución de 1978 heredera del franquismo, redactada con ese espíritu de la Transición donde se gestaron los pactos del olvido y del silencio, que permitieron la impunidad del franquismo y la legitimación de una monarquía heredera del mismo,dejó establecido un sistema democrático y de libertades públicas que nada debe a la Dictadura y todo a la voluntad democrática de las fuerzas políticas y sociales representativas de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que en ese momento mostraron una enorme generosidad ofreciendo integrarse en el sistema de democracia y libertades a todos los antiguos integrantes del aparato dictatorial siempre que explícitamente aceptaran las reglas de convivencia democráticas y las plenas libertades ciudadanas.
En consecuencia y no teniendo ninguna deuda pendiente nuestra constitución democrática con la dictadura franquista, y teniendo una enorme deuda de gratitud con la ciudadanía democrática española los partidos y las organizaciones sociales herederas del franquismo constituidas por los supervivientes de los aparatos de la Dictadura, y pasados cuarenta años del momento en que se establecieron las actuales reglas democráticas de juego, es hora de disipar cualesquiera dudas que por parte de algunos interesados añorantes de tiempos pretéritos definitivamente superados, y establecer formalmente la verdad histórica.
Y esta verdad no será nunca una construcción artificiosa entre lo que defendieron, durante cuarenta años de dictadura y otros cuarenta de democracia, las fuerzas y personas que establecieron el actual sistema de libertades, y lo que defendían los representantes de los aparatos económicos, sociales, policiales y militares de la dictadura franquista.
Por el contrario, esta verdad, en un sistema democrático, es necesariamente una reafirmación sólida y manifiesta de las libertades ciudadanas y de la convivencia democrática libre. Y en consecuencia un firme rechazo al fascismo, a la dictadura franquista y a todas sus manifestaciones. La condena de la Dictadura es consustancial con la democracia. No se entendería siquiera el concepto de equidistancia entre fascismo y democracia. Entre el totalitarismo y las libertades civiles no hay ningún punto intermedio. O hay libertad o no la hay.
En consecuencia, se entiende que al aceptar el generoso ofrecimiento que la ciudadanía democrática realizó en el año 78 a los representantes de la Dictadura franquista y a las fuerzas fascistas residuales que aún subsistían, estas aceptaban en su totalidad la legitimidad democrática y se incorporaban al nuevo sistema de libertades sin reserva alguna. En ese sentido, jueces, fiscales, policías, militares y aparato burocrático de los sindicatos verticales y la administración llamada “del Movimiento”, se incorporaron al nuevo sistema democrático rechazando con todas sus consecuencias toda herencia de la Dictadura y acogiéndose a la benevolencia con la que las fuerzas democráticas ciudadanas les ofrecían una integración digna. Nunca se les obligó, como en los países en los que ha existido una comisión de la Verdad, a declarar su pasado públicamente y nunca se les ha obligado a manifestar explícitamente su sumisión a un régimen de libertades y de democracia plena, pero hay que aceptar que si se incorporaron a los puestos de la administración nueva democrática libremente lo hicieron aceptando explícitamente su rechazo a su pasado franquista y autoritario.
Sabemos por la experiencia que no todos los funcionarios incorporados desde la Dictadura a la democracia han sido ni son sinceros, ya que no olvidamos que los militares golpistas del 36 resultaron también perjuros, pero aceptamos que la aceptación formal de la Constitución por estos jueces, fiscales, policías, etc., es suficiente para aceptarles sin prejuicios. Sólo cuando los hechos han ido demostrando la grosera falsedad del rechazo de la dictadura y el fascismo por algunos de ellos se nos hace evidente que es preciso que una Ley de Memoria Democrática incluya la exigencia de renovar explícitamente el rechazo a la dictadura franquista por parte de estos funcionarios del Estado.
En
consecuencia, la Ley de Memoria Democrática deberá incluir un apartado
que exija a todos los jueces, fiscales, policías, militares y
asimilables, su condena y su rechazo explícito de la Dictadura
franquista o en su caso exija su abandono de toda función pública.
En el caso español la Dictadura se sustentó sobre la represión ejercida por policías y militares, jueces y fiscales, pero no menos por la Iglesia Católica, tanto como organización internacional como en su faceta local y aún personal. Sin la Iglesia nunca hubiera podido permanecer el régimen fascista en el poder, pero ciertamente la Iglesia no coincidía con los ideales fascistas si no tan solo con los totalitarios. En un largo proceso sustituyó a los próceres del fascismo español por personas de su fidelidad, por su propio aparato de poder, que en consecuencia llegó a ser el máximo poder real en el país. Colaboró la Iglesia en las ejecuciones, las condenas, las persecuciones políticas y sociales, el robo de propiedades legítimamente adquiridas, el robo de bebés, el exilio y la condena al ostracismo de millones de ciudadanos demócratas, fue decisiva en la instauración de un régimen de terror en las escuelas, los hospitales, los pueblos, el campo y las ciudades. Persiguieron toda libertad de pensamiento, expresión, manifestación y hasta de los anhelos más íntimos de libertades.
Sin embargo el triunfo de la Iglesia sobre las actitudes netamente fascistas heredadas de los regímenes de Italia y Alemania de los años 30, permitió, con la habilidad de la institución, el paso de la Dictadura franquista a la Democracia por la conversión y con la bendición del aparato eclesial español. La gravosa deuda que la Iglesia tiene con la ciudadanía española hace imposible olvidar el papel que jugó tanto en los años primeros de Dictadura como copartícipes del terror de los años 40 y 50 como con el control de la escuela y la sanidad durante los años posteriores. Nunca han pedido perdón por su imprescindible participación del terror y de crímenes como el robo metódico de bebés, o la delación de activistas demócratas rompiendo su autoproclamado secreto de confesión.
Hemos esperado pacientemente mucho, pero ahora exigimos que una Ley de Memoria Democrática establezca estos hechos e imponga a todos el necesario acatamiento a los valores democráticos y a las libertades públicas, lo que implica que quienes fueron los actores de la represión franquista acepten explícitamente el llamamiento de Azaña y, además de pedir perdón si aún viven, quede constancia de su responsabilidad y complicidad por su actuación en crímenes contra la humanidad.
2.- Las condiciones sine qua non:
Ciertamente las leyes siempre han de incluir un sentido coercitivo. Sin sanción toda ley resultaría huera. Pero prohibir no es más, en casos como el que aquí tratamos, que un inútil y voluntarioso ejercicio de hipocresía.
Por el contrario lo que exige el acertado cumplimiento de la Ley que restituya la Memoria Democrática no es tanto prohibir, sino abrir, arrojar luz, poner en manos de la sociedad plena toda la información y toda la documentación que permita a las víctimas que la verdad, que se ha ocultado por ochenta años, sea propiedad pública y esté abiertamente en manos de toda la sociedad. Y que la verdad se abra camino por encima de los intereses privados de la memoria de los represores y la conveniencia de sus herederos directos.
Esto implica que la totalidad de los archivos de la Dictadura se hagan públicos sin ninguna limitación, que ningún documento oficial o de instituciones como la Iglesia, el poder judicial o las fundaciones creadas por la Dictadura para la preservación de sus intereses, siga oculto a la sociedad en arcanos inaccesibles. Todos los archivos de la represión han de ser abiertos y entregados, sin ningún tipo de censura, directamente a la sociedad democrática.
Y esto no sólo tiene que ser recogido como condición imprescindible y punto de partida de cualquier Ley de Memoria Democrática, sino que tiene que ser garantizado por esa ley de forma positiva y explícita. Esto significa que una comisión científica debe hacerse cargo de la totalidad de esta documentación con poderes absolutos sobre ella, sin interferencia de jueces, clérigos, militares o cualquier otro estamento que pueda tener intereses con cualesquiera herederos de la dictadura, garantizando que no puedan tener opción alguna de intervenir en su trabajo.
Y esta comisión, que más allá de la verdad declararía la objetividad que proclama la documentación escrita en su momento, no puede crearse con posibles contaminaciones locales, debiendo ser asesorada por organismos internacionales rigurosos, como los relatores de la ONU, organizaciones internacionales de DDHH, el Consejo Internacional de Archivos (ICA), y científicos de indiscutible prestigio tanto locales como internacionales. Ni el Parlamento español, ni el gobierno del Estado, ni mucho menos los organismos judiciales pueden tener capacidad para resolver ni intervenir en tan pantanosa cuestión en la que demasiados intereses locales estarían en juego.
Y además es imperativo que la Comisión deba actuar de oficio y no por petición de parte. Millones de ciudadanos ignoran qué fue lo que pasó con sus abuelos, padres, tíos, amigos y han callado por pánico u otras razones personales durante ochenta años. No podemos esperar a que cada ciudadano pida que su caso sea reconocido oficialmente. Todos, toda la sociedad, no los individuos particulares tan solo, exige verdad, justicia y reparación, aun los muchos que por miedo, por indiferencia o por conveniencia no lo irían a pedir nunca.
Pero todo este esfuerzo social será inane si no se establece un punto de partida claro. El perdón ofrecido por las fuerzas y la ciudadanía democrática a todos los actores de la Dictadura que aceptaron incorporarse a un régimen de libertades y de democracia, es manifiestamente incoherente con la aceptación de la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977.
El punto esencial de partida para comenzar a consensuar y concretar los contenidos esenciales de la Ley de MD es la declaración por Ley, por esta nueva y necesaria Ley de Memoria Democrática, de los siguientes apartados:
Nulidad radical de dicha falsaria ley de Amnistía de 1977.
Reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo.
Declaración de nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales .
Garantizar la Tutela Judicial Efectiva en el proceso de localización, exhumación e identificación de las fosas comunes.
Que todos los archivos de la represión sean abiertos y entregados, sin ningún tipo de censura, directamente a la sociedad democrática.
Dejar establecido por ley la recuperación e indemnización a cargo del estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o legales por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo .
Sin ello no hay ni Verdad, ni Justicia, ni Reparación, y por tanto no hay consenso.
Junta Directiva de AGE
20 de agosto de 2021
En el caso español la Dictadura se sustentó sobre la represión ejercida por policías y militares, jueces y fiscales, pero no menos por la Iglesia Católica, tanto como organización internacional como en su faceta local y aún personal. Sin la Iglesia nunca hubiera podido permanecer el régimen fascista en el poder, pero ciertamente la Iglesia no coincidía con los ideales fascistas si no tan solo con los totalitarios. En un largo proceso sustituyó a los próceres del fascismo español por personas de su fidelidad, por su propio aparato de poder, que en consecuencia llegó a ser el máximo poder real en el país. Colaboró la Iglesia en las ejecuciones, las condenas, las persecuciones políticas y sociales, el robo de propiedades legítimamente adquiridas, el robo de bebés, el exilio y la condena al ostracismo de millones de ciudadanos demócratas, fue decisiva en la instauración de un régimen de terror en las escuelas, los hospitales, los pueblos, el campo y las ciudades. Persiguieron toda libertad de pensamiento, expresión, manifestación y hasta de los anhelos más íntimos de libertades.
Sin embargo el triunfo de la Iglesia sobre las actitudes netamente fascistas heredadas de los regímenes de Italia y Alemania de los años 30, permitió, con la habilidad de la institución, el paso de la Dictadura franquista a la Democracia por la conversión y con la bendición del aparato eclesial español. La gravosa deuda que la Iglesia tiene con la ciudadanía española hace imposible olvidar el papel que jugó tanto en los años primeros de Dictadura como copartícipes del terror de los años 40 y 50 como con el control de la escuela y la sanidad durante los años posteriores. Nunca han pedido perdón por su imprescindible participación del terror y de crímenes como el robo metódico de bebés, o la delación de activistas demócratas rompiendo su autoproclamado secreto de confesión.
Hemos esperado pacientemente mucho, pero ahora exigimos que una Ley de Memoria Democrática establezca estos hechos e imponga a todos el necesario acatamiento a los valores democráticos y a las libertades públicas, lo que implica que quienes fueron los actores de la represión franquista acepten explícitamente el llamamiento de Azaña y, además de pedir perdón si aún viven, quede constancia de su responsabilidad y complicidad por su actuación en crímenes contra la humanidad.
2.- Las condiciones sine qua non:
Ciertamente las leyes siempre han de incluir un sentido coercitivo. Sin sanción toda ley resultaría huera. Pero prohibir no es más, en casos como el que aquí tratamos, que un inútil y voluntarioso ejercicio de hipocresía.
Por el contrario lo que exige el acertado cumplimiento de la Ley que restituya la Memoria Democrática no es tanto prohibir, sino abrir, arrojar luz, poner en manos de la sociedad plena toda la información y toda la documentación que permita a las víctimas que la verdad, que se ha ocultado por ochenta años, sea propiedad pública y esté abiertamente en manos de toda la sociedad. Y que la verdad se abra camino por encima de los intereses privados de la memoria de los represores y la conveniencia de sus herederos directos.
Esto implica que la totalidad de los archivos de la Dictadura se hagan públicos sin ninguna limitación, que ningún documento oficial o de instituciones como la Iglesia, el poder judicial o las fundaciones creadas por la Dictadura para la preservación de sus intereses, siga oculto a la sociedad en arcanos inaccesibles. Todos los archivos de la represión han de ser abiertos y entregados, sin ningún tipo de censura, directamente a la sociedad democrática.
Y esto no sólo tiene que ser recogido como condición imprescindible y punto de partida de cualquier Ley de Memoria Democrática, sino que tiene que ser garantizado por esa ley de forma positiva y explícita. Esto significa que una comisión científica debe hacerse cargo de la totalidad de esta documentación con poderes absolutos sobre ella, sin interferencia de jueces, clérigos, militares o cualquier otro estamento que pueda tener intereses con cualesquiera herederos de la dictadura, garantizando que no puedan tener opción alguna de intervenir en su trabajo.
Y esta comisión, que más allá de la verdad declararía la objetividad que proclama la documentación escrita en su momento, no puede crearse con posibles contaminaciones locales, debiendo ser asesorada por organismos internacionales rigurosos, como los relatores de la ONU, organizaciones internacionales de DDHH, el Consejo Internacional de Archivos (ICA), y científicos de indiscutible prestigio tanto locales como internacionales. Ni el Parlamento español, ni el gobierno del Estado, ni mucho menos los organismos judiciales pueden tener capacidad para resolver ni intervenir en tan pantanosa cuestión en la que demasiados intereses locales estarían en juego.
Y además es imperativo que la Comisión deba actuar de oficio y no por petición de parte. Millones de ciudadanos ignoran qué fue lo que pasó con sus abuelos, padres, tíos, amigos y han callado por pánico u otras razones personales durante ochenta años. No podemos esperar a que cada ciudadano pida que su caso sea reconocido oficialmente. Todos, toda la sociedad, no los individuos particulares tan solo, exige verdad, justicia y reparación, aun los muchos que por miedo, por indiferencia o por conveniencia no lo irían a pedir nunca.
Pero todo este esfuerzo social será inane si no se establece un punto de partida claro. El perdón ofrecido por las fuerzas y la ciudadanía democrática a todos los actores de la Dictadura que aceptaron incorporarse a un régimen de libertades y de democracia, es manifiestamente incoherente con la aceptación de la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977.
El punto esencial de partida para comenzar a consensuar y concretar los contenidos esenciales de la Ley de MD es la declaración por Ley, por esta nueva y necesaria Ley de Memoria Democrática, de los siguientes apartados:
Nulidad radical de dicha falsaria ley de Amnistía de 1977.
Reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo.
Declaración de nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales .
Garantizar la Tutela Judicial Efectiva en el proceso de localización, exhumación e identificación de las fosas comunes.
Que todos los archivos de la represión sean abiertos y entregados, sin ningún tipo de censura, directamente a la sociedad democrática.
Dejar establecido por ley la recuperación e indemnización a cargo del estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o legales por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo .
Sin ello no hay ni Verdad, ni Justicia, ni Reparación, y por tanto no hay consenso.
Junta Directiva de AGE
20 de agosto de 2021
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