Venta de Contreras (Cuenca) 26 de Junio 2010
Ante los recientes acontecimientos sociales, políticos y judiciales en referencia a la defensa de los derechos de las víctimas de la dictadura franquista, y especialmente a las manifestaciones públicas del pasado mes de mayo, el procedimiento judicial abierto contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y la reciente aprobación de la nueva normativa legal regulando diversos aspectos referentes a la memoria histórica y los derechos de las víctimas, la Asociación AGE quiere denunciar públicamente el deplorable espectáculo que ente la ciudadanía de todo el mundo están dando las autoridades y el sistema judicial español, que con su actitud profundamente injusta está dejando al descubierto no ser sino la principal herencia no resuelta de la dictadura franquista. Sin embargo AGE desea hacer notar nuestra profunda satisfacción ante el hecho de que esta situación esté poniendo en claro ante la opinión pública nacional e internacional la miseria moral de quienes se niegan a reconocer los derechos de las víctimas de la dictadura, prefiriendo ocultar bajo penosas triquiñuelas legalistas lo que no es sino la causa profunda de esta situación: El hecho de que la transición de la dictadura a la democracia se realizara bajo la espuria legalidad franquista y no con una firme y clara ruptura con los métodos represivos de la misma y su ilegítimo sistema judicial represivo.
Esta situación permite además visualizar claramente los problemas heredados que ni las fuerzas políticas ni el sistema judicial mismo quieren corregir:
En primer lugar la declaración de nulidad de raíz de todos los juicios realizados y sentencias dictadas por los tribunales de la dictadura sobre las víctimas que defendieron los derechos ciudadanos y las libertades cívicas, la nulidad de raíz de la preconstitucional ley del punto final de 1977, declarando nula tanto la amnistía a los presos y condenados por tribunales de la dictadura, las víctimas no queremos ser amnistiadas sino reconocidas, como la declarada sobre los jueces, policías, militares y otros agentes de la represión que participaron de torturas, desapariciones, sentencias condenatorias, etc.
En segundo lugar la presencia en la constitución de 1977 de los artículos 8 y 56 que conceden poderes antidemocráticos a las fuerzas militares y declaran la impunidad de los actos del jefe del Estado.
En tercer lugar la realización de urgentes e imprescindibles cambios en el sistema judicial que incluyan al menos:
La supresión de un Tribunal excepcional residuo de la dictadura como es la Audiencia Nacional, heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista.
La supresión de un Tribunal de todo punto innecesario y explícitamente político como es el Tribunal Constitucional, figura desconocida en la mayoría de los países democráticos de nuestro entorno.
La más profunda reforma del Consejo Supremo del Poder Judicial que inhabilite de forma clara al mismo para exculpar causas judiciales de manifiesta irregularidad.
La imposición de jurado popular en todas las causas de prevaricación, tanto las que afectan a simples ciudadanos como especialmente las que pudieran afectar a jueces y fiscales.
La supresión de la llamada Doctrina Botín, según la cual no pueden prosperar causas surgidas de acusaciones populares si no tienen el apoyo de la Fiscalía.
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